Derecho Público

En Hernández & Cía. entendemos a nuestros clientes, y sabemos la importancia que tiene para ellos contar con un respaldo legal sólido que refleje un adecuado conocimiento sobre el funcionamiento del sector público y las normas que regulan su actuación, así como también sobre los procedimientos que deben seguir los administrados ante las diferentes administraciones públicas para que sus intereses sean oportunamente atendidos.

En Hernández & Cía tenemos ese conocimiento, lo que nos permite brindar a nuestros clientes una completa asesoría en todos los aspectos del Derecho Público, con carácter transversal. Esta asesoría se extiende desde la consultoría general y específica en materia administrativa, hasta la obtención de licencias, permisos y autorizaciones administrativas, la atención de procedimientos de fiscalización y sancionadores, la elaboración e implementación de mecanismos de mitigación de contingencias administrativas, y, en general, en el inicio de cualquier procedimiento administrativo que sea de interés de nuestros clientes.

La contratación pública tampoco es ajena a nuestra práctica. En relación a ello, brindamos también a nuestros clientes asesoría integral en todas las etapas de los diferentes procesos de contratación pública en que deseen participar, independientemente del marco legal aplicable. Esto incluye la formulación de consultas sobre el marco normativo aplicable al proceso, la solicitud de inscripción o actualización del Registro Nacional de Proveedores, cuando ello sea necesario, la evaluación sobre la existencia de impedimentos para contratar con el Estado, la revisión de propuestas, y, en general la asesoría y el acompañamiento durante el proceso de contratación en sus diferentes fases, incluidas la presentación de recursos de apelación y la etapa de ejecución contractual.

Finalmente, ponemos a disposición de nuestros clientes toda nuestra experiencia en la identificación, evaluación y denuncia ante el INDECOPI de posibles barreras burocráticas ilegales o irracionales que pudieran afectar el inicio o la continuidad de sus actividades económicas, mediante la imposición de exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros indebidos.